Haciendo uso de la vieja retórica antimperialista, Daniel Ortega ha rechazado la creación del grupo de trabajo de la OEA, presidido por Canadá, para “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua”.

El canciller nicaragüense ha recordado que la OEA no es más que el Ministerio de Colonias de Washington, y ha dicho que “los integrantes de esa comisión que conforma y dirige Estados Unidos en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA no son bienvenidos a nuestro país”.

Pero recordemos que en 1978, la OEA formó un grupo de trabajo similar integrado por Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala, cuyos integrantes vinieron en plena insurrección de septiembre, como mediadores. En representación del FSLN participé en las negociaciones con el gobierno de Somoza, conducidas por ellos.

Fracasaron porque Somoza le dio largas a la propuesta de un plebiscito en el que se votaría si se quedaba o no en el poder; pero pocos meses después, en mayo de 1979, uno de los integrantes de la comisión, William Bowdler, regresó para reemprender las pláticas, ahora con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y nos reunimos con él en Costa Rica y en Panamá. Ortega era miembro de la Junta.

La Dirección Nacional del FSLN, donde también estaba Ortega, respaldaba esas negociaciones directas con Estados Unidos. Y se llegó a acuerdos concretos: Somoza renunciaba y se iba de Nicaragua con su familia y allegados íntimos sin pagar por sus delitos de lesa humanidad.

Y se convino, además, que una vez depurada, la Guardia Nacional sería parte del nuevo ejército en las que entraría también la guerrilla del FSLN, formando un Estado Mayor Conjunto equilibrado. Las cosas no llegaron a ser así porque al negarse a renunciar el vicepresidente Urcuyo, una vez Somoza exiliado en Miami, la Guardia Nacional terminó desbandándose. Pero aquellos fueron los acuerdos.

Ortega no acepta hoy “intervenciones extranjeras”, entre ellas el calendario electoral elaborado por la OEA, que culminaría con elecciones adelantadas para 2019. Ya lo había aceptado, según el secretario general Luis Almagro, pero ahora se desdice, obnubilado por su “victoria militar” frente a una rebelión desarmada, alegando inconstitucionalidad. Lo cual es falso.

La guerra civil que a lo largo de los años ochenta terminó gracias a las gestiones de paz del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, encauzadas a través del proceso en el que participaron los presidentes de los países centroamericanos. La meta era poner fin a los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El primer acuerdo se firmó el 7 de agosto de 1987 en Esquipulas, Guatemala, y en él se establecía el compromiso de celebrar “elecciones libres y democráticas”, bajo la supervisión de la OEA y las Naciones Unidas.

Y Ortega aceptó más. En la cumbre de presidentes en Costa del Sol, El Salvador, del 14 de febrero de 1989, se comprometió a reformar la Constitución para adelantar a febrero las elecciones programadas para noviembre de 1990, acortando su propio período.

No fue injerencia entonces que la OEA desplegara una numerosa misión de observadores para certificar esas elecciones.

Si la soberanía de Nicaragua está herida de muerte es por algo muy diferente: el tratado del Gran Canal Interoceánico, firmado en junio de 2013, que entrega el país al aventurero chino Wang Ying, salido de la nada. Este tratado inaudito, convertido en ley, fue publicado en inglés en el diario oficial, y sigue vigente. Un día, ojalá no lejano, deberá ser derogado.

El autor es escritor. Masatepe, agosto 2018
www.sergioramirez.com
www.facebook.com/escritorsergioramirez
http://twitter.com/sergioramirezm

Share

0